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La actualidad de nuestra entidad y las últimas novedades en financiación a la I+D+I.
La actualidad de nuestra entidad y las últimas novedades en financiación a la I+D+I.
Dirigir un proyecto de investigación europeo implica mucho más que establecer metas científicas y supervisar los resultados. En un consorcio internacional, el investigador principal (IP) debe asegurar la coherencia científica del proyecto, coordinar las aportaciones de los socios, así como garantizar el cumplimiento del plan de trabajo. Esta responsabilidad exige habilidades organizativas y un conocimiento profundo de las normativas de financiación europea.
En programas como Horizonte Europa, esta función está íntimamente ligada a la de la entidad coordinadora, aunque ambas tienen distintas responsabilidades. Distinguirlas desde el principio facilita la organización del consorcio y ayuda a prevenir inconvenientes durante la ejecución.
El término investigador principal no posee un significado jurídico uniforme en todas las convocatorias europeas. Generalmente, se refiere a la persona que lidera la investigación, define su enfoque científico o dirige un paquete de trabajo (work package).
La coordinación formal recae en una entidad beneficiaria que actúa como representante ante la CE o la agencia que otorga la financiación. Entre sus responsabilidades se encuentran la presentación de informes, la gestión de las comunicaciones oficiales y la distribución de los pagos recibidos entre los beneficiarios, de acuerdo con el acuerdo de subvención.
Ambas funciones pueden coincidir en una misma organización, pero no son equivalentes. Un investigador puede liderar científicamente un proyecto desde una universidad o un centro tecnológico cuya entidad no sea la coordinadora. Esta separación permite distribuir las responsabilidades de acuerdo con las capacidades científicas y de gestión de cada participante. Cuando el IP forma parte de la entidad coordinadora, es recomendable contar con personal de apoyo que asuma las tareas administrativas y facilite el seguimiento del proyecto.
La principal responsabilidad del IP es garantizar que las actividades del consorcio se alineen con una estrategia científica común. Para lograrlo, debe supervisar los objetivos, la metodología, los hitos y los entregables, además de verificar que las aportaciones de los diferentes socios se integren en los resultados esperados.
La tarea también implica resolver discrepancias metodológicas, identificar desviaciones y evaluar la calidad de los resultados. En proyectos con participantes de diversas nacionalidades y disciplinas, contar con responsabilidades bien definidas facilita la colaboración y permite anticipar posibles retrasos.
La dirección científica incluye, además, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la ética, la integridad científica, la protección de datos y la ciencia abierta. El IP debe asegurarse de que estas cuestiones estén integradas en la ejecución y de que las actividades de comunicación, difusión y explotación de resultados se realicen conforme a los compromisos de la propuesta.
El acuerdo de subvención regula la relación entre los beneficiarios y la autoridad concedente. El consortium agreement, por su parte, establece las normas internas de colaboración entre los socios.
Este documento permite especificar cómo se tomarán las decisiones, qué responsabilidades asume cada participante y cómo se gestionarán los conocimientos previos, los resultados y los derechos de propiedad intelectual. También puede establecer procedimientos para resolver conflictos, gestionar retrasos o actuar en caso de que un socio se retire.
Definir estas cuestiones desde el inicio minimiza el riesgo de que surjan discrepancias sobre publicaciones, acceso a datos o explotación comercial cuando los resultados ya estén disponibles. El coordinador debe actuar de acuerdo con las normas acordadas y las decisiones del consorcio.
Aunque el IP no gestione directamente la contabilidad, es necesario que conozca el presupuesto y su relación con las tareas científicas. Los costes declarados deben corresponder a las actividades realizadas y cumplir con las condiciones de elegibilidad pertinentes.
En Horizonte Europa, el coordinador presenta los informes periódicos y las solicitudes de pago en nombre del consorcio. Para preparar esta documentación, necesita información verificable sobre el progreso de los trabajos, los entregables y las posibles desviaciones.
La colaboración entre el IP, los líderes de los paquetes de trabajo, el gestor del proyecto y los responsables financieros de cada entidad es crucial. Recopilar información de manera continua permite identificar errores a tiempo y preparar los informes dentro de los plazos establecidos.
La falta de claridad en las responsabilidades puede resultar en entregables incompletos, retrasos o conflictos entre socios. También representa un riesgo depender excesivamente de una entidad que concentra conocimientos o capacidades difíciles de reemplazar.
Para mitigar estas situaciones, cada paquete de trabajo debe contar con un responsable, un calendario y unos resultados esperados. Las decisiones deben ser documentadas y el consorcio necesita procedimientos para comunicar incidencias y acordar cambios.
La diversidad de participantes exige, además, verificar qué condiciones se aplican a cada entidad. En Horizonte Europa, los beneficiarios, las entidades afiliadas y los socios asociados tienen derechos y obligaciones diferentes. Estos últimos pueden contribuir al proyecto, pero no imputar costes ni recibir financiación de la subvención en esa condición.
Antes de presentar una propuesta europea, define las responsabilidades del IP, del coordinador y de los líderes de los paquetes de trabajo; verifica que el presupuesto contemple las tareas de gestión y acuerda las normas internas sobre resultados, propiedad intelectual y resolución de conflictos. Una estructura bien definida permite destinar los recursos adecuados a la coordinación y mantener el proyecto alineado con sus objetivos científicos. Si requieres asesoramiento especializado, contacta con nosotros.
Las organizaciones que realizan inversiones en investigación, desarrollo e innovación tecnológica en España cuentan con dos mecanismos fiscales que operan bajo lógicas diferentes: una deducción sobre la cuota del Impuesto sobre Sociedades y una disminución de la base imponible para ciertos ingresos que provienen de activos intangibles, conocida como patent box. Si se combinan adecuadamente, pueden incrementar de manera significativa el retorno de un proyecto innovador, siempre que la evidencia técnica, contable y contractual esté disponible antes de la liquidación.
La deducción del artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) se aplica cuando la empresa incurre en gastos. En actividades de I+D, el porcentaje general es del 25% de los gastos del periodo; puede llegar hasta el 42% si el gasto de I+D del ejercicio excede la media de los dos años anteriores, con un 17% adicional sobre las inversiones en inmovilizado material e intangible, excluyendo edificios y terrenos. La innovación tecnológica se beneficia de una deducción del 12%.
El patent box, regulado en el artículo 14 LIS, actúa más tarde, cuando la tecnología comienza a generar ingresos. Permite reducir la base imponible de las rentas positivas que provienen de la cesión del derecho o uso de explotación de patentes y otros activos intangibles desarrollados a través de I+D e innovación tecnológica.
La deducción recompensa el esfuerzo de investigar; el patent box reconoce la explotación posterior del resultado. Una empresa puede beneficiarse de ambos incentivos si cumple con los requisitos de cada régimen y documenta adecuadamente la trazabilidad entre gasto, activo y renta.
La Agencia Tributaria define la investigación como la indagación original planificada destinada a descubrir nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. El desarrollo implica la aplicación de esos resultados para producir nuevos materiales o productos, diseñar procesos o sistemas de producción, o mejorar de manera significativa los existentes. También se pueden incluir la creación de un primer prototipo no comercializable, proyectos piloto y la configuración de software avanzado mediante nuevos algoritmos, lenguajes, interfaces o aplicaciones.
La innovación tecnológica tiene un ámbito más restringido: requiere un avance tecnológico que dé lugar a nuevos productos o procesos de producción, o a mejoras sustanciales de los ya existentes. El diagnóstico tecnológico, el diseño industrial y la ingeniería de procesos pueden ser elegibles bajo ciertas condiciones, pero la simple implementación de una herramienta estándar o la actualización rutinaria de sistemas raramente cumplen con los requisitos.
La delimitación debe hacerse proyecto por proyecto. Un mismo desarrollo puede incluir tareas de I+D, actividades de innovación tecnológica y trabajos ordinarios que no generan derecho a deducción; separarlos con soporte documental es lo que permite mantener la posición ante una verificación.
El régimen español permite aplicar una reducción del 60% sobre la renta neta derivada de la cesión del derecho o uso de explotación de ciertos activos intangibles. La empresa que cede debe haber creado el activo, y el cesionario debe utilizar los derechos en una actividad económica. La Agencia Tributaria también indica que el tratamiento depende de la fecha en que se realizó la cesión o transmisión, por lo que es recomendable revisar el caso concreto antes de calcular el ahorro.
El alcance del incentivo no se limita a las patentes. También puede abarcar activos como el know-how, planos, fórmulas, modelos de utilidad o derechos sobre información relacionada con experiencias industriales, comerciales o científicas. La entidad debe mantener registros contables que permitan identificar ingresos y gastos, tanto directos como indirectos, asociados al activo cedido.
Hay un límite temporal importante: el incentivo deja de aplicarse a partir del ejercicio siguiente al que los ingresos acumulados por la cesión multipliquen por seis el coste de generación del activo.
Los regímenes de propiedad intelectual están sujetos al estándar internacional de la Acción 5 del proyecto BEPS de la OCDE y el G20. Su enfoque de nexus condiciona el beneficio fiscal a que el contribuyente haya realizado efectivamente las actividades de I+D que dieron origen al activo y haya soportado los gastos correspondientes.
En la práctica, esto desaconseja estructuras basadas en la simple adquisición o reubicación de patentes. La OCDE permite gastos subcontratados o adquiridos solo bajo ciertas condiciones y con límites, de modo que el porcentaje de renta elegible depende de la proporción de gasto cualificado asumido por el titular.
Para una empresa española, la consecuencia es que los equipos técnicos, los presupuestos, las horas dedicadas y los contratos con proveedores deben reflejar quién crea la tecnología, dónde se desarrolla y con qué recursos. La titularidad formal de una patente no es suficiente si la actividad sustantiva se llevó a cabo en otra entidad.
El primero es confundir innovación con digitalización. Implementar un ERP, migrar a la nube o adoptar una solución comercial rara vez constituye I+D por sí mismo. El segundo es tratar la propiedad intelectual como un bloque homogéneo: una patente puede incluir contribuciones propias y elementos adquiridos, y esa composición afecta al cálculo del nexus.
El tercero es descuidar la evidencia. Informes técnicos, memoria de proyectos, repartos de costes, contratos de cesión, facturación asociada al activo y registros contables deben ser coherentes entre sí. Cuando un contrato incluye servicios adicionales, es conveniente diferenciarlos de la cesión de derechos para evitar que la renta elegible quede contaminada.
Antes de finalizar el ejercicio, las empresas innovadoras deberían identificar los proyectos con potencial de I+D o innovación tecnológica, cuantificar sus gastos e inversiones y decidir si es conveniente solicitar un informe motivado vinculante para reforzar la seguridad jurídica. Paralelamente, deben revisar los activos intangibles ya explotados o cedidos, verificar su origen interno y preparar el cálculo de la renta elegible conforme al patent box.
La mejor estrategia consiste en elaborar un expediente sólido que conecte la inversión realizada con la tecnología generada y los ingresos obtenidos. Ese vínculo es lo que transforma los incentivos fiscales en un retorno real y defendible. Si deseas asesoría personalizada, contacta con nosotros.
En un proyecto europeo, la búsqueda de socios debe comenzar con una pregunta fundamental y necesaria: ¿qué capacidades son realmente esenciales para que el proyecto sea creíble?
En Horizonte Europa, la mayoría de los proyectos colaborativos requieren la agrupación de organizaciones de diferentes países y perfiles. La Comisión Europea también indica que los consorcios pueden incluir universidades, centros de investigación, empresas, administraciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y usuarios finales, dependiendo de las características de cada convocatoria.
El desafío aparece cuando es momento de pasar de la teoría a la lista de contactos. ¿Dónde se puede encontrar esa empresa que domina una tecnología específica? ¿Qué centro de investigación tiene experiencia en el área que falta? ¿Quién ha participado ya en proyectos europeos similares? ¿Y cómo diferenciar a un posible socio de uno que realmente sea útil para la propuesta?
Uno de los errores comunes al preparar una candidatura europea es buscar socios cuando la idea ya está casi finalizada.
En ese instante, el margen de acción es limitado. Se intenta añadir al consorcio a las entidades que faltan para cumplir ciertos requisitos, completar una capacidad técnica o lograr una representación geográfica específica. El resultado puede ser un equipo formalmente completo, pero poco cohesionado.
Las propias estructuras nacionales de apoyo a Horizonte Europa aconsejan trabajar en la formación de alianzas con antelación y mantener el networking más allá de la publicación de los programas de trabajo. También sugieren los brokerage events, las redes de los puntos nacionales de contacto y las herramientas de búsqueda de socios como formas de identificar colaboradores.
El socio adecuado debe unirse porque aporta un elemento que enriquece el proyecto, no solo porque ocupa un espacio en el consorcio.
Esto obliga a modificar el punto de partida. Antes de buscar nombres, es conveniente definir qué conocimientos, tecnologías, infraestructuras, capacidades de demostración, acceso a usuarios o conexiones con el mercado son necesarios para la propuesta.
El networking europeo presenta una dificultad adicional. Dos entidades pueden investigar sobre inteligencia artificial, energía, salud o biodiversidad y, sin embargo, tener muy poco que ofrecer juntas. La compatibilidad puede residir en la complementariedad y no en la coincidencia.
Una universidad puede proporcionar conocimiento científico. Una pyme, una tecnología. Un hospital, acceso a usuarios y capacidad de validación. Una administración pública, el contexto regulatorio y territorial. Una empresa industrial puede ser quien transforme el resultado del proyecto en una solución aplicable.
La Comisión Europea subraya precisamente esta diversidad de perfiles en sus orientaciones sobre participación en Horizonte Europa. En ciertas convocatorias, además, se requiere un enfoque multi-actor que incluya a usuarios y otros actores relevantes desde la concepción del proyecto.
Por ello, una búsqueda efectiva de socios debería permitir identificar capacidades, experiencia, intereses y posibles complementariedades.

En este contexto surge Scinder.net, una plataforma creada por SACSIS (Sociedad para el Avance Científico) para conectar investigadores, profesionales y organizaciones, facilitando la colaboración científica.
Su enfoque se basa en el perfil de cada usuario y sus áreas de conocimiento e intereses. La plataforma permite hacer visible la trayectoria investigadora y establecer conexiones profesionales orientadas a proyectos, colaboración científica y comunidades temáticas. También incluye espacios específicos de colaboración, llamados Hubs, y entornos confidenciales para ciertos contenidos y documentos.
La propuesta resulta interesante para quienes trabajan en proyectos europeos, ya que traslada una parte del networking desde eventos puntuales hacia un entorno donde el perfil profesional y científico puede mantenerse disponible y ser encontrado por otros usuarios.
Un brokerage event concentra muchas conversaciones en pocas horas. Una plataforma de networking permite que la búsqueda continúe después del evento y que la relación se desarrolle con un contexto más amplio.
En el caso de Scinder, además, el registro permite crear un perfil profesional a partir del CV mediante una funcionalidad opcional basada en inteligencia artificial, que analiza la información proporcionada y sugiere un perfil para la plataforma.
Imaginemos un proyecto sobre adaptación climática. El coordinador ya ha identificado a los socios científicos que trabajarán en modelización y datos, pero necesita sumar una entidad capaz de validar las soluciones con administraciones locales. Una búsqueda general de “climate change” probablemente devolvería cientos de resultados.
La búsqueda realmente útil sería otra: organizaciones con experiencia en adaptación urbana, trabajo con municipios, validación de herramientas de decisión y participación en proyectos europeos.
Scinder incluye sistemas de recomendación que pueden sugerir conexiones, contenidos y actividades basadas en elementos como el perfil profesional, las preferencias, la actividad y las afinidades temáticas dentro de la plataforma. De acuerdo con su política de uso, estas recomendaciones combinan modelos de similitud y análisis semántico.
Para alguien que busca socios, esto puede reducir parte del trabajo manual de localizar perfiles potencialmente compatibles.
En el networking científico existe una paradoja bastante común: muchos investigadores tienen una trayectoria excepcional, pero resulta complicado saber rápidamente qué podrían aportar a un proyecto específico.
Un CV puede detallar publicaciones, proyectos anteriores, líneas de investigación y reconocimientos. Sin embargo, eso no significa necesariamente que permita identificar claramente una posible colaboración.
Para formar un consorcio, esa información necesita ser interpretada de otra manera.
¿Qué tecnología aporta? ¿Qué infraestructura puede ofrecer al proyecto? ¿Ha trabajado con la industria? ¿Tiene experiencia en demostración? ¿Conoce ciertos entornos regulatorios? ¿Ha coordinado proyectos europeos? ¿Puede facilitar acceso a usuarios? ¿Tiene experiencia en explotación o transferencia?
Una plataforma de networking funciona mejor cuando el perfil está construido en torno a esas capacidades y no solo en torno a la trayectoria académica.
En Scinder, precisamente, el perfil profesional es uno de los elementos centrales del sistema de conexión entre usuarios. La plataforma contempla perfiles tanto de investigadores como de organizaciones empresariales y otros actores relacionados con la investigación y la innovación.
Al preparar una propuesta, existe una tendencia natural a acudir a las personas que ya se conocen. Es comprensible: ya hay confianza, se conocen las capacidades de cada organización y la negociación es más sencilla.
El riesgo es terminar construyendo siempre los mismos consorcios.
La Comisión Europea dispone de herramientas como el Partner Search del Funding & Tenders Portal, los puntos nacionales de contacto, Enterprise Europe Network y los eventos de brokerage. También recomienda revisar proyectos europeos ya financiados para identificar organizaciones activas en áreas relacionadas.
CORDIS permite precisamente consultar proyectos financiados, sus participantes, resultados y otra información asociada.
Scinder puede integrarse en esta estrategia como una capa adicional: la búsqueda no se limita a saber quién participó en un proyecto anterior, sino que permite trabajar sobre perfiles profesionales y conexiones dentro de una comunidad científica y tecnológica.
Antes de publicar una búsqueda o comenzar a contactar con organizaciones, define tres aspectos: qué capacidad falta, qué papel tendrá ese socio dentro del proyecto y qué valor aportará al consorcio.
Luego, amplía la búsqueda más allá de tu red habitual. Combina el Partner Search de Funding & Tenders, CORDIS, eventos de brokerage, redes de NCP y plataformas especializadas como Scinder.net.
Una tecnología puede originarse en un laboratorio, pero raramente alcanza el mercado siguiendo ese camino de manera independiente. Entre una hipótesis científica y una solución que una empresa puede producir, comercializar o integrar en un proceso industrial existen etapas que requieren habilidades diferentes: conocimiento científico, tecnología, infraestructuras, datos, capacidad empresarial, financiación y, en muchas ocasiones, acceso a los usuarios finales.
En este contexto que puede parecer complicado surge la colaboración entre el sector público y privado en I+D+i. Una universidad, un centro de investigación o un organismo público proporciona capacidades científicas y tecnológicas que una empresa puede necesitar para avanzar en una innovación. La empresa, por su parte, aporta conocimiento del mercado, capacidad de desarrollo, recursos industriales y un camino concreto para llevar los resultados hacia aplicaciones prácticas.
Los proyectos de colaboración entre el sector público y privado son iniciativas de investigación, desarrollo e innovación en las que participan entidades públicas y empresas para desarrollar de manera conjunta conocimiento, tecnologías, productos, procesos o servicios.
La fórmula puede adoptar diversas formas dependiendo del programa de financiación. En algunos casos, la colaboración se organiza directamente dentro de un consorcio de proyecto. En otros, forma parte de asociaciones estratégicas de mayor envergadura, como sucede en Horizonte Europa con las European Partnerships, que reúnen a la Comisión Europea, autoridades nacionales, industria y organizaciones de investigación en torno a programas comunes de I+D+i.
En España, el CDTI también cuenta con instrumentos específicos para proyectos de I+D en cooperación empresarial y para iniciativas que conectan empresas con organismos de investigación. Por ejemplo, sus proyectos de I+D en cooperación nacional requieren la participación de varias empresas independientes y un acuerdo privado que regule el funcionamiento del consorcio.
Por lo tanto, hablar de colaboración entre el sector público y privado se refiere, en esencia, a una manera de organizar la investigación y la innovación en torno a capacidades complementarias.
Existen problemas tecnológicos que una organización difícilmente puede resolver por sí sola. Una empresa puede conocer a la perfección las necesidades de un mercado, tener una planta piloto y ser capaz de fabricar un producto, pero necesitar conocimientos científicos muy especializados para resolver una determinada incertidumbre tecnológica. Una universidad puede poseer ese conocimiento y contar con investigadores capaces de desarrollar una solución, pero carecer de los medios necesarios para llevarla a una escala industrial.
Aquí es donde entra en juego la colaboración entre el sector público y privado. Y puede resultar especialmente relevante en áreas donde el salto entre investigación y aplicación requiere inversiones significativas o largos períodos de validación. Energía, salud, nuevos materiales, biotecnología, movilidad, tecnologías digitales, alimentación o transición industrial son algunos ejemplos.
El objetivo de los programas públicos de I+D+i es, en parte, reducir las barreras que dificultan ese proceso y movilizar inversiones que pueden generar capacidades tecnológicas con un impacto más allá de una única organización.
En Horizonte Europa, por ejemplo, las European Partnerships buscan precisamente coordinar recursos y esfuerzos públicos y privados para abordar desafíos complejos y reducir la fragmentación de las inversiones en investigación e innovación.
El papel de una universidad o un centro de investigación puede estar relacionado con la generación de conocimiento, el desarrollo de modelos, la experimentación, la caracterización de materiales, la validación científica o el acceso a infraestructuras especializadas. También puede asumir actividades que requieren una capacidad científica que no resulta eficiente desarrollar internamente en una empresa.
La empresa introduce otra perspectiva. Conoce el problema que desea resolver, las condiciones del mercado, los requisitos de producción, los costos asociados y las necesidades de los clientes. Además, puede asumir el desarrollo industrial, la explotación de los resultados y su integración en productos o procesos.
Aunque esto no debe ser una frontera rígida.
En los proyectos mejor diseñados, la relación comienza antes de redactar la propuesta. El problema tecnológico se define de manera conjunta, se identifican las capacidades necesarias y se determina qué organización está mejor preparada para abordar cada incertidumbre.
Este es uno de los aspectos que más fácilmente se pierde al preparar una propuesta de I+D+i.
Un consorcio puede estar compuesto por universidades, centros tecnológicos y empresas y, aun así, funcionar como un conjunto de proyectos individuales conectados únicamente por un calendario común.
Las actividades deben estar interrelacionadas y los resultados obtenidos por un participante deben alimentar el trabajo de otros. Una investigación desarrollada por un organismo científico puede convertirse en el conocimiento necesario para que una empresa diseñe un prototipo. Ese prototipo puede luego pasar a una fase de validación con un usuario industrial. Los resultados de esa validación, a su vez, pueden modificar la investigación inicial.
Esta cuestión tiene especial relevancia en los programas competitivos. En instrumentos como las Misiones Ciencia e Innovación del CDTI, el propio planteamiento de la convocatoria sitúa la cooperación empresarial y la respuesta conjunta a retos estratégicos en el centro del proyecto.
La financiación depende del programa en el que se presente el proyecto.
En algunos instrumentos se concede una subvención para cubrir una parte de los costos elegibles. En otros pueden existir préstamos, anticipos, financiación combinada o mecanismos de cofinanciación.
Horizonte Europa utiliza, entre otros mecanismos, las European Partnerships. En las asociaciones cofinanciadas, la Comisión Europea aporta financiación adicional a programas conjuntos de investigación e innovación gestionados junto con organismos públicos y financiadores nacionales o regionales. En las asociaciones coprogramadas, la Comisión implementa su contribución mediante las convocatorias de Horizonte Europa mientras los socios movilizan contribuciones adicionales bajo su propia responsabilidad.
En España, el CDTI también cuenta con diversas modalidades de cooperación en sus instrumentos de I+D, incluyendo proyectos de cooperación nacional, cooperación tecnológica internacional y proyectos vinculados a determinados partenariados europeos.
Por ello, identificar una oportunidad de financiación no debería consistir únicamente en buscar una convocatoria cuyo título coincida con el sector de la empresa. Es necesario analizar qué tipo de colaboración exige, qué grado de madurez tecnológica admite, quién puede participar y qué resultado espera obtener el programa.
La colaboración entre el sector público y privado tiene especial sentido cuando el proyecto presenta una incertidumbre tecnológica que requiere capacidades que la empresa no posee internamente.
También cuando la solución necesita ser validada en distintos entornos, cuando requiere infraestructuras científicas especializadas o cuando su desarrollo depende de conocimientos provenientes de disciplinas diferentes.
En cambio, si una empresa tiene perfectamente resuelta la tecnología y busca únicamente financiar una mejora interna de un producto o proceso, puede existir otro instrumento más adecuado.
La pregunta útil, por tanto, no es si una empresa puede encontrar socios para presentar un proyecto. Es si realmente necesita esos socios para resolver el problema que plantea.
Antes de formar un consorcio es conveniente definir con precisión el problema tecnológico que se desea resolver, el nivel de madurez de la solución y las capacidades que faltan para avanzar.
A partir de ahí, la búsqueda de socios puede hacerse con mayor criterio. El objetivo será incorporar aquellas organizaciones que permitan cubrir las incertidumbres técnicas, validar el resultado, facilitar su industrialización o acercarlo a los usuarios.
Y solo después tiene sentido buscar el instrumento financiero que mejor se adapte.
Para una empresa que esté considerando un proyecto de colaboración entre el sector público y privado, el primer paso debería ser mapear la tecnología, el TRL, las capacidades que faltan y la ruta de explotación. Con ese diagnóstico será mucho más sencillo identificar el socio adecuado y la convocatoria que puede financiar el siguiente tramo de la innovación. Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.
A lo largo de los años, la inclusión de investigadores jóvenes en las redes científicas de Europa ha sido más una cuestión de buena voluntad que de obligación contractual. Se les invitaba a participar y se valoraba positivamente su inclusión, pero raramente era un requisito para la aprobación de un proyecto. Esta dinámica cambia drásticamente en la Open Call 2026 del programa COST (Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología), que establece un requisito claro: al menos el 40% de los proponentes en cada propuesta deben ser investigadores jóvenes e innovadores, categoría que el programa denomina Young Researchers and Innovators, o YRI por sus siglas en inglés.
Hasta el momento, la participación de perfiles junior era recomendada y valorada en la evaluación, pero ninguna convocatoria anterior la había establecido como condición de elegibilidad. A partir de esta edición, quien coordine una red que no alcance ese porcentaje simplemente no podrá presentar su propuesta, sin importar cuán sólida sea desde el punto de vista científico.
Es importante aclarar, antes de abordar las novedades, qué financia exactamente este instrumento, ya que a menudo se confunde con proyectos de investigación tradicionales. Una COST Action no financia salarios, experimentos ni equipamiento de laboratorio: financia la creación y mantenimiento de redes de investigadores que comparten un mismo desafío científico, cubriendo reuniones, estancias cortas en otros centros, escuelas de formación y actividades de divulgación. Cada Action tiene una duración de cuatro años y un presupuesto indicativo de aproximadamente 150.000 euros el primer año y alrededor de 180.000 euros anuales en los tres años siguientes, lo que suma un total aproximado de 690.000 euros por red a lo largo de su ciclo de vida.
A diferencia de Horizon Europe, donde cada convocatoria está delimitada por un Work Programme con temas muy específicos, COST opera bajo un esquema de abajo hacia arriba: son los propios investigadores quienes proponen el tema, sin ninguna restricción temática. Esta apertura es una de las razones por las que el programa recibe cada año un número de propuestas que supera ampliamente las plazas disponibles. En la convocatoria anterior, la OC-2025-1, se registraron más de 50.000 proponentes y la tasa de éxito fue inferior al 7,5%, una cifra que evidencia que cumplir con los mínimos exigidos no asegura la financiación.
El calendario de esta edición ya está establecido. La plataforma e-COST, que gestiona todo el proceso, abrió el plazo de presentación el 31 de julio de 2026 al mediodía, y el cierre está programado para el 28 de octubre de 2026.
El número de redes que finalmente recibirán financiación ha aumentado de 70 a 80, un incremento que debería resultar en una tasa de éxito un poco más favorable en comparación con la convocatoria anterior.
Otra de las novedades que obligará a replantear estrategias es la limitación de la participación individual: en esta edición, cada persona solo puede estar en una propuesta, ya sea como Main Proposer o como Secondary Proposer. Hasta ahora, era común que investigadores con una buena red de contactos apoyaran varias iniciativas al mismo tiempo, una práctica que diluía su compromiso real con cada una y dificultaba
Cada vez que un conjunto de universidades, centros tecnológicos y empresas se reúne para redactar una propuesta para Horizon Europe, hay una cuestión que a menudo se deja para el final: ¿a quién realmente pertenecen los descubrimientos? La experiencia de quienes gestionan estos proyectos indica que postergar esta pregunta casi siempre tiene un costo. En el contexto actual de financiación europea, la propiedad intelectual se ha convertido en un elemento que condiciona, desde el primer día, la viabilidad de todo el consorcio.
Horizon Europe ha endurecido considerablemente las normativas en comparación con su predecesor, Horizon 2020. La Comisión Europea resume su enfoque en una fórmula que se repite en todos los documentos oficiales: ser «tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario». Detrás de esta declaración se esconde un desafío muy concreto para los socios de cualquier consorcio, que se centra en cómo equilibrar la obligación de compartir conocimientos con la necesidad, igualmente real, de proteger aquello que puede tener valor comercial.
El punto de partida de cualquier estrategia de propiedad intelectual es distinguir claramente entre dos conceptos que el Model Grant Agreement define con precisión. Por un lado está el llamado background, que se refiere a todo el conocimiento (datos, know-how, patentes previas) que cada socio aporta al proyecto y que ya poseía antes de firmar el acuerdo de subvención. La participación en el consorcio no altera en absoluto esa titularidad: lo que era tuyo antes de entrar sigue siendo tuyo después. Sin embargo, en la práctica, muchos equipos nunca se toman el tiempo de inventariar ese background con el detalle necesario, y esta omisión suele generar disputas una vez que el proyecto ha comenzado.
La segunda categoría, la de los results o foreground, es más delicada. Se refiere a todo lo que se genera durante la ejecución del proyecto, ya sea o no susceptible de protección: desde una publicación científica hasta un prototipo de software. La regla general es simple (el resultado pertenece a quien lo genera), pero Horizon Europe introdujo un matiz que ha cambiado las reglas del juego: cuando varios socios contribuyen de manera sustancial a un mismo resultado, la titularidad conjunta se presume por defecto, a menos que el Consortium Agreement disponga lo contrario.
Si hay un instrumento que la Comisión Europea recomienda sin reservas, ese es el Consortium Agreement, el acuerdo interno que los socios firman entre sí y que regula todo lo que el Grant Agreement no cubre: gobernanza, distribución de responsabilidades, mecanismos de resolución de conflictos y, sobre todo, la gestión de la propiedad intelectual. Para facilitar esta tarea, existe un modelo de referencia, el DESCA Horizon Europe 2.0, que es compatible tanto con acciones de investigación e innovación como con subvenciones a tanto alzado.
Dentro de ese acuerdo, las cláusulas relacionadas con los derechos de acceso —las licencias que permiten a un socio utilizar el background o los resultados de otro— requieren atención especial. Cuando ese acceso es necesario para llevar a cabo el proyecto, la norma establece que debe ser gratuito. Sin embargo, si el objetivo es explotar comercialmente esos resultados una vez finalizado el proyecto, las condiciones pueden negociarse bajo términos «justos y razonables», una expresión que en la práctica puede dar lugar a negociaciones largas y, en ocasiones, tensas entre socios con intereses divergentes.
Uno de los aspectos que más dudas genera entre los gestores de proyectos es el costo de proteger una invención. Solicitar una patente con cobertura europea puede costar entre 20.000 y 50.000 euros, una cifra considerable para un consorcio de tamaño medio. La buena noticia, y tal vez la menos conocida, es que esos gastos son elegibles para reembolso siempre que se hayan incluido en el presupuesto de la propuesta desde el principio. Allí radica, precisamente, uno de los errores más comunes. Muchos equipos elaboran sus propuestas sin prever partidas específicas para la protección de la propiedad intelectual y luego descubren que ya no pueden imputar esos costos al proyecto.
El Artículo 17 del Model Grant Agreement obliga a evaluar la «protegibilidad» de cada resultado, y el Artículo 16 va un paso más allá al exigir que los beneficiarios adopten medidas activas para explotarlo, ya sea mediante licencia o transferencia, durante un período de hasta cuatro años tras la finalización del proyecto.
La otra cara de la moneda es la ciencia abierta, que en Horizon Europe es una condición transversal del programa. Las publicaciones científicas deben ser de acceso abierto, ya sea por la vía dorada o a través de repositorios con un embargo máximo de entre seis y doce meses. Los datos de investigación, por su parte, deben gestionarse siguiendo los principios FAIR —que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables— y, siempre que sea factible, depositarse en abierto en repositorios como Zenodo o el European Open Science Cloud.
Compatibilizar esa apertura con la protección de resultados con potencial comercial no siempre es fácil, y por ello la Comisión ha publicado guías específicas, como Your Guide to Open Science in Horizon Europe, diseñadas precisamente para ayudar a los consorcios a no confundir transparencia con renuncia.
La Comisión no ha permanecido inactiva. En julio de 2026, la Dirección General de Investigación e Innovación lanzó una consulta pública para desarrollar un Blueprint europeo sobre licencias de propiedad intelectual y creación de spin-offs, con el objetivo declarado de facilitar que universidades y organismos públicos de investigación transfieran sus resultados al mercado, distribuyan royalties de manera más ágil y ofrezcan incentivos reales a los investigadores que están detrás de esas innovaciones.
Para los consorcios que ya están en marcha, la recomendación fundamental sigue siendo la misma que han repetido durante años los especialistas en transferencia de tecnología: nombrar lo antes posible a un responsable de propiedad intelectual dentro del equipo, auditar el background desde la fase de propuesta, adoptar el modelo DESCA para el Consortium Agreement y revisar el estado de protección y explotación de los resultados, al menos, una vez al año. Ninguna de estas medidas garantiza por sí sola el éxito de un proyecto europeo, pero su ausencia sí explica gran parte de los conflictos que, tarde o temprano, terminan en la mesa de los abogados en lugar de en la de los investigadores.
¿Tienes preguntas sobre la propiedad intelectual, los derechos relacionados o el desarrollo de una buena estrategia de propiedad intelectual para tu propuesta? Ponte en contacto con nosotros, te asesoraremos de la manera más práctica y resolveremos las dudas que tengas en este aspecto.
Sociedad para el Avance Cientifico, Society for the Improvement of Science.
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